Un robo legalizado de propietarios e inquilinos

Aída Gutiérrez
(@guti21 en Twitter)
CARACAS (infoCIUDADANO)
05/Junio/2012

Luego de transcurrido un mes del cierre del juzgado 25 de Municipio de Caracas, donde los inquilinos consignaban sus pagos y los propietarios realizaban sus cobros ; se instaló una mesa técnica con magistrados del TSJ, la Superintendencia de Arrendamiento de Vivienda (Sunavi) y el Movimiento de Inquilinos, donde se decidió comenzar a entregar solvencias.

Según fuente oficial, la preocupación que había entre los inquilinos de que podían quedar insolventes, se despejó ya que estos podrán acudir al Sunavi a solicitar la solvencia.

El procedimiento que sigue es una notificación al propietario para que abra una cuenta y allí el inquilino le deposite. En el caso que se nieguen, los pagos los pueden hacer en la cuenta que abrirá la Sunavi.

Por orden de la Rectoría del Área Metropolitana los casos que estaban en el tribunal quedan detenidos hasta que esté operativo el trámite.

Superintendencia colapsada

A pesar de lo dispuesto por la mesa técnica, se genera una delicada situación ante la decisión de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura de cerrar por inventario el juzgado 25 de Municipio de Caracas. “Este tribunal debería quedar operativo, ya que su cierre implica graves consecuencias”, advierte Roberto Orta presidente de Asociación de Propietarios Inmuebles Urbanos (Apiur).

De acuerdo al abogado, cerraron el tribunal 25 antes que la Sunavi esté preparada con un sistema adecuado para absorber tantas facultades. Asegura que ese Tribunal lleva 35 mil expedientes, que significan 35 mil inquilinos.

-El problema es que la Superintendencia ya está colapsada con la cantidad de atribuciones que le dieron de: actos conciliatorios, revisión de contratos, regulación de alquileres y regulación de precios.

-Ese organismo arrancó colapsado –insiste Orta- porque toda la parte administrativa, la llevaba a nivel nacional, las 335 oficinas de inquilinatos, ubicadas en todos los municipios del país. De esta forma, le quitaron esa competencia a las alcaldías y todas esas oficinas se sustituyen por una en cada estado.

-Aparte de eso, por ejemplo en el Área Metropolitana, que habían 20 tribunales de municipio que recibían las demandas de inquilinatos (20 mil juicios aproximadamente) se centralizan todos los actos conciliatorios y se les remiten también, a esta sola oficina de la Sunavi.

Precisa el abogado Orta, que ahora toda la parte de consignaciones que es súper voluminosa (35 mil expedientes) la va a tener que llevar igualmente la Superintendencia. En Caracas había un tribunal especial y en el interior uno por cada municipio, y cualquier tribunal recibía alquileres.

A juicio del experto, para que ese sistema empiece a operar pasaran muchos meses. “Porque evidentemente sí se tenía una infraestructura del estado en el poder judicial y en las alcaldías, el tribunal de consignación estaba funcionando muy bien, y por el afán centralizador del gobierno, llevaron todo a la Sunavi, la cual no está preparada”.

-Específicamente con el tema de las consignaciones, aunque la gente pueda depositar en una cuenta, no tiene todavía el certificado de la solvencia de la Superintendencia, y el propietario no puede retirar de esa cuenta porque no se sabe ni siquiera cuál es el inquilino que está depositando allí.

-La Sunavi dice que los inquilinos ya podrán solicitar su solvencia. Pero ¿cómo hacen sin los expedientes?

-Tienen que comenzar por abrirle un expediente a cada inquilino. Esa solvencia no es inmediata. Lo que creo que va a pasar es que, van a empezar a depositar en la cuenta y la Sunavi que no está preparada para recibir ese gran volumen de consignaciones, se va a tardar en hacer los expedientes.

-Aunque la ley habla de un sistema electrónico, eso tampoco está funcionando actualmente. Lo que se evidencia aquí, es que se están haciendo leyes, creando una cantidad de figuras y los órganos administrativos no están preparados para ejecutarlo o para implementar la Ley de Arrendamiento. Por eso es que estamos en presencia de un colapso.

-Le doy un ejemplo: en Maracay, en la Superintendencia de arrendamiento que atiende a todo el estado Aragua, allí la gente tiene que dormir un día antes en la calle para que la atiendan. Y esa misma cola, es la que va a tener que hacer el inquilino para que le den la solvencia de consignación. La misma cola será para: regular un alquiler, registrarse, revisar contrato de arrendamiento, consignar el alquiler y para hacer actos conciliatorios.

Advierte Orta que “todo se centralizó y no están preparados para ello. El caos es evidente, no es una exageración”.

- Le doy otro ejemplo, nada más en la Superintendencia de Caracas para hacer un acto conciliatorio, hay que esperar de 6 a 8 meses para que fijen el acto. En el interior la situación es peor. Además, es ahora que están instalando las oficinas de la Sunavi, y ni siquiera están entrenados los funcionarios.

Propietarios en peligro de perder su dinero

El otro tema que es muy grave, se refiere a las consignaciones: de acuerdo a la ley, el propietario que no retire las consignaciones al 12 de noviembre de 2012 las pierde. “A nuestro criterio, es una simple confiscación de dinero de propiedad privada”, enfatiza Orta.

-Ese dinero que está en el poder judicial va a pasar a un Fondo, que va administrar la Superintendencia. Una ley no puede disponer de un dinero que está en custodia del poder judicial, para pasar a ser manejado por el ejecutivo.

Apiur estima que serán confiscados solo en Caracas BsF 30 millones de bolívares fuertes, de propiedad privada a los propietarios y arrendadores y se estima que en el interior del país otros BsF 40 millones, totalizando serían BsF 70 millones de bolívares fuertes a nivel nacional, que pasarán a ser manejados por el ejecutivo nacional.

Alerta el directivo de Apiur que “esa cantidad de dinero se va perder, porque ahorita era cuando la gente estaba retirando su dinero. Lo correcto es que transfieran ese dinero para la Superintendencia y los propietarios retiren allá”.

-El procedimiento tiene dos partes: el de depositar y la otra el cobro del propietario. Recordemos que muchas personas viven de las consignaciones cuando el inquilino no les quiere pagar. Los propietarios están peor porque no tengo noticias de que es lo que hará la Superintendencia al respecto.

El abogado Orta denuncia la gran desinformación que hay en la materia, “la Superintendencia no notifica nada públicamente”.
-No hay ni siquiera una pagina web donde informen qué van hacer. Hay mucho propietario que no sabe que podría perder todo su dinero. Eso está en la ley y nosotros hemos tratado de divulgarlo, pero la Superintendencia no dice nada.

Cifras de invasiones y expropiaciones

Apiur en su página web (www.apiur.org) hace una recopilación de cifras y fechas sobre las invasiones y expropiaciones, lo cual sigue siendo una amenaza latente para los propietarios de edificios, terrenos o inmuebles.

Destaca esta organización, que no se debe olvidar los desmanes sufridos a la propiedad privada durante los últimos años.

-157 edificios permanecen invadidos en Caracas desde 2003 a la fecha.

-800 casas, terrenos y galpones permanecen invadidos en Caracas.

-22.000 inmuebles han sido invadidos a nivel nacional desde 1999 a 2011.

-188 edificios alquilados fueron expropiados en Caracas en 2006 por el ex Alcalde Mayor Juan Barreto, y ninguno fue indemnizado, ni adjudicado a sus inquilinos.

-53 edificios vacíos fueron ocupados y expropiados en Caracas en 2006, por el ex Alcalde Juan Barreto, y solo 12 fueron indemnizados y ninguno ha sido restituido a sus propietarios.

-En 2008 fue expropiado el Centro Comercial Sambil La Candelaria, actualmente destinado a refugios de damnificados.

-En 2010 fue expropiado el edificio La Francia por orden del Presidente, y desalojados arbitrariamente 600 trabajadores y 91 comerciantes, sin indemnización por sus fondos de comercios y daños y perjuicios.

-En 2010 fueron expropiados por la Presidencia de la República y desalojados arbitrariamente por las Milicias Bolivarianas, 19 estacionamientos en el Centro de Caracas, sin pago a sus propietarios. Aún no han construido las viviendas prometidas en los terrenos

-En 2011 decenas de pensiones turísticas en Caracas, han sido tomadas por grupos con apoyo político, fomentando no pago en sus huéspedes.

-En 2011 poderes públicos impulsaron normativas dirigidas a minimizar la propiedad privada: Oficio del TSJ que prohíbe desalojos de viviendas; Ley contra Desalojos; Ley de Arrendamientos de Viviendas; Ley de Propiedad de Viviendas; y Ley de emergencia de Viviendas y Terrenos.

…………………………………………..

Fuente:Revista ZETA, Nº1855 – 01-06-12 Imagen: @milagrosblue para infoCIUDADANO.
infoCIUDADANO no se solidariza o avala las opiniones de los colaboradores. Toda la información de este sitio se distribuye bajo Licencia de Creative Commons.
© 2012. infoCIUDADANO. Términos legales.

Error fetching tweets A feed could not be found at http://search.twitter.com/search.rss?q=Sunavi&rpp=8. This does not appear to be a valid RSS or Atom feed.